LO QUE NOS DEJÓ EL HURACÁN VICKY

Todo parece indicar que ya pasó el remezón que causó la publicación de un vídeo por un medio de comunicación, en el que dos personas del mismo sexo pactaban un encuentro sexual, y que desató la renuncia de un viceministro y del director de la Policía junto con la salida de la directora del medio de comunicación que generó el escándalo. Si es verdad que Colombia es un país civilizado y sensato, podríamos pensar ¿qué dejó como reflexiones positivas este huracán mediático?

Que los periodistas y comunicadores deberían recordar siempre que lo único importante no es la “chiva” ni “tumbar” funcionarios, sino informar con la verdad y al servicio de la comunidad.

Que las empresas que dirigen los medios de comunicación no deberían seguir presionando a sus empleados periodistas para obtener información que le permita posiciones privilegiadas a la hora de negociar pauta o contratos con el estado y sus gobernantes.

Que el periodismo investigativo debería tener como meta el bien común y no para obtener información que pudiera ser utilizada para beneficio personal.

Que el periodismo investigativo no debería pretender desplazar a la justicia, por lo tanto, no debería condenar ni exigir condenas suplantando el papel y autoridad de los jueces o magistrados. Su papel sería apoyar a la justicia, pero no sustituirla.

Que el periodismo como el Cuarto poder no es quien completa la repartición de la torta con los otros tres poderes en el país, sino que debería representar el bien público, los intereses colectivos y de la comunidad, la defensa de la democracia, del erario y la ética ciudadana.

Que, si el periodismo no es consustancial a la ética, al respeto personal y de los demás, perdería su esencia y su razón de ser.

Que la libertad de prensa, como bien público, debería ser innegociable. Que habría que defenderla de todo ataque. Es verdad que algunos profesionales con sus actitudes venales, irresponsables y temerarias ponen en entredicho un bien que es de toda la sociedad, pero esto no debería ser óbice para defender la libertad de prensa.

Que los gobernantes, políticos y dirigentes privados de la sociedad no son inmunes. Que todos sus actos en ejercicio de sus funciones públicas deberían ser escrutables. Por la tanto, el peso de la ley también les cabría.

Que los periodistas y comunicadores no deberían ser vistos como enemigos de los gobernantes, funcionarios ni dirigentes privados. Como humanos se equivocan y debieran estar dispuestos a reconocer y enmendar sus errores.

Que la justicia habría sido permeada por la corrupción, pero no todos los jueces, magistrados o funcionarios de esa rama serían corruptos ni perseguidores de periodistas o comunicadores.

Que en general este es un país homofóbico y proxeneta. Que se escandaliza por el tráfico sexual de prebendas entre hombres y su posible prostitución, pero que ha tolerado desde siempre la prostitución femenina y se ha hecho el de la vista gorda con el acoso y el tráfico sexual femenino en el estado y empresas públicas y privadas. El constreñimiento a la prostitución y el acoso sexual se deberían combatir, no importa el género de la víctima.

Estas podrían ser algunas de las reflexiones en un país que se dice civilizado, en el que ya se olvidaron las razones del escándalo, como la comunidad del anillo, el tráfico de influencias, el chantaje, la corrupción en la meritocracia, el enriquecimiento ilícito y el espionaje descarado a la función y privacidad de periodistas y funcionarios públicos. ¿Usted qué opina?

CREDITOS GOTA A GOTA Y LA RESPONSABILIDAD BANCARIA

Son muchas las quejas por los atropellos de los cobradores de los créditos “gota a gota” en la ciudad. Esta no es una actividad nueva. Lleva muchos años funcionando pese a que cobra intereses altísimos. ¿Por qué las personas siguen utilizando este tipo de crédito? Son varias las razones. La primera es la flexibilidad. No se necesita pagar para que le hagan estudios del crédito, no hay que abrir una cuenta bancaria con un saldo de un salario mínimo, ni llenar engorrosos formularios, hacer colas y largas esperas, ni tener fiadores con finca raíz, ni nada por el estilo. Es muy fácil acceder a estos créditos. Además, el pago diario hace creer que no es difícil de cubrir. El sistema bancario, así no lo reconozca, está diseñado para prestarle dinero y servicios a los que tienen, no a los que los necesitan. El sistema legal apoya a los que no necesitan y los que de verdad necesitan, que son millares de pobres, desempleados, rebuscadores, madres cabeza de familia, etc., se ven obligados a buscar soluciones ilegales o informales a sus necesidades de recursos. Lo llamativo es que los pobres, los necesitados, en general son “buenas pagas” o de lo contrario estos prestamistas habrían quebrado. Sólo algunos se “cuelgan” y no pagan. Y como es un sistema informal con cobros ilegales, recurren a matones para intimidar y recuperar inversiones. Las autoridades deben proteger a los ciudadanos y castigar a los agiotistas por los cobros a tasas ilegales. Pero con esto no se soluciona el problema. Porque la necesidad del dinero sigue y el sector bancario con su rigidez y poca responsabilidad social, le interesa poco contribuir con la solución. Los bancos cobran por todo. Si hace un retiro o una consulta de saldo debe pagar. Como los retiros grandes por cajero no están permitidos, el cliente se ve obligado a hacer varios retiros y pagar por cada uno de ellos. Esto encarece la transacción. Para acceder al servicio de un cajero electrónico hay que tener una tarjeta cuyo manejo por parte del banco, se lo cobra al cliente. Quienes viajan pueden contrastar en el extranjero los elevados costos que se pagan por estos servicios en Colombia. Las microfinanzas y los microcréditos con sentido social han demostrado que son una oportunidad para los pobres y necesitados. El banquero, economista y premio Nobel de la paz, Muhammad Yunus en uno de los países más pobres del mundo, Bangladesh, comprobó que, hasta los pobres más pobres, cuando se les da una oportunidad pueden acceder a créditos tradicionales para salir de la pobreza y lograr su propio desarrollo. Los pobres pagan sus créditos a tasas legales, no de usura, y si reciben apoyo técnico y financiero se convierten en emprendedores exitosos. Yunus creó un banco que le presta dinero a los pobres, a intereses bajos, con muchas facilidades para la obtención de los créditos. Ahora es perseguido y difamado por ayudar… Estos modelos son replicables. Lo que se necesita es que funcionen con responsabilidad social, con ética y trasparencia. Solo así se destierra ese flagelo del “gota a gota”, de los cobros aterradores con hombres armados en motocicletas que vociferando improperios y amenazas causan el pánico en deudores morosos, en familias y vecinos. Muchos de los dineros que circulan en estos créditos son ilegales, pero deben reposar en sendas cuentas bancarias legales…

VIOLENCIA EN LA COTIDIANIDAD

El tema de la paz está en boca de mucha gente. Unos porque la desean con firmeza y otros porque no creen en el proceso que desarrolla el gobierno. Las sensaciones frente a la paz son disímiles. Para unos la firma del tratado de paz será suficiente para iniciar la transformación del país. Otros la ven como una imposible tarea. Muchos son escépticos. Pienso que la firma es parte del proceso, es un inicio, pero se deben allegar muchas cosas para atemperar la paz.

Hemos aprendido a vivir en un ambiente de competencia y enfrentamiento. Una sociedad patriarcal como esta hace pensar que la vida es campo de lucha, que no hay que confiar en nadie, que vivimos en eterna competencia, que nada se nos dará gratis y todo lo debemos ganar… La creencia en una lucha permanente por la supervivencia, nos pone en la disyuntiva de ganar o ganar. No sirve dialogar ni escuchar. Solo sirve obtener lo que se quiere, no importa cómo. La violencia, como instrumento para ganar, ha copado muchos espacios y la consideramos como algo natural, como algo normal en nuestra cotidianidad.

Para muchos hablar, debatir y discutir es perdedera de tiempo. Hay que ir a los hechos. Mientras más contundentes mejor. ¿Para que hablar si con acciones de fuerza y violencia podemos lograr lo que queremos, y muchas veces más pronto? Hemos aprendido que volvernos problema, mejor si es con violencia incluida, da más réditos que los trámites legales. La legalidad no alcanza y requiere el refuerzo de la violencia.

Si a la gente en un barrio no le pavimentan una calle, recurren a la violencia y taponan vías con carteles de protesta para buscar soluciones. Los vendedores ambulantes para evitar desalojos o retención de mercancías, recurren a marchas que terminan en disturbios para hacerse sentir. Los hinchas de un equipo de fútbol, están dispuestos a morir o a matar, por defender el honor de su divisa. Los conductores de vehículos públicos bloquean las calles; los campesinos se toman las instalaciones de las oficinas oficiales; los sindicalistas se toman sus empresas; los pacientes cansados de esperar agreden a los médicos y personal de salud; algunos comunicadores vomitan sus odios personales cuando comentan los sucesos cotidianos; un padre de familia desahoga frustraciones golpeando a su mujer a o sus hijos… en fin, ¡la apología de la violencia!

Estos actos violentos no tienen justificación, sin embargo, los justificamos. Son miles las personas que creen válido que los padres castiguen violentamente a sus hijos. Es más, muchos piensan que la norma que prohíbe lastimar a los niños es la causante de los males de la sociedad. La norma no prohíbe reprender, insta a formar, pero no a castigos físicos. Como sólo aprendimos a castigar, al prohibirlo, se cree que no hay que hacer nada. Y ese no es el espíritu de la norma. Hay docentes que añoran las épocas de los castigos físicos y ahora viven en el importaculismo, dejando hacer lo que se les da la gana a los estudiantes, pero culpando a las normas.

Debemos hacer visibles los comportamientos violentos que la costumbre ha hecho ver como normales o naturales. De ahí depende de verdad la construcción de la paz.

*Médico especialista en Medicina Biológica

EN IBAGUÉ NO GANÓ LA OPINIÓN
Meses previos a las elecciones pasadas, se me pidió evaluar el peso del voto de opinión en Ibagué. Según mis cálculos, en el mejor de los casos, no alcanzaría a 20 mil sufragios. Luego sería una cifra insuficiente para una aspiración electoral. No obstante, el actual alcalde de la ciudad, dijo que montaría su estrategia política sobre el voto de opinión, al final resultó ganador. Algunos opinadores expresaron que había cambiado radicalmente la forma de hacer política, que ganaron las redes sociales, que se había derrotado la politiquería y las maquinarias electorales. Que la opinión pública había sido la gran ganadora…

Superada esta contienda electoral podemos analizar más despacio los resultados y comprobar qué tanta opinión pública fue la que se expresó y que tanto salió derrotada la politiquería, la corrupción y la clase política tradicional.

Cambio Radical es comandado en el Tolima por Emilio Martínez, ex presidente de la cámara de representantes y que salió investigado y detenido por malos manejos de dineros públicos. Por corrupción. Como fue sancionado de por vida con la imposibilidad de aspirar a cargos públicos, puso a su hermana de fachada y continúa manejando los hilos de la política.

Avaló a Toledo como candidato a la alcaldía y todo el tiempo lo amenazaba con retirarle el respaldo si no obedecía sus órdenes. Al final, lo abandonó y apoyó a Guillermo Alfonso. Esa limpia jugada le representó ganar la contraloría, la personería, la secretaría de hacienda, además de muchos puestos y contratos…

Como las sumas de la escasa opinión y Cambio Radical no alcanzaban, se repatrió para votar toda la burocracia que habían instalado en Bogotá. La inscripción de residentes en la Capital para sufragar en Ibagué rompió todos los pronósticos y obligó a anular muchas. En el Distrito se denunció como unos días antes de terminar el gobierno de Petro se prolongaron contratos y se hicieron otros de personas que vivían y cobraban desde Ibagué…

Para asegurar las cuentas, la sagrada familia Jaramillo trabajó, como siempre, muy unida. La sangre tira, dirían nuestros ancestros. Dejaron solo al candidato del partido liberal, Rubén Darío Rodríguez, y pusieron la gente a votar por el candidato de la supuesta opinión… Con tres secretarías en la alcaldía y una gerencia le premiaron a Mauricio la acción tránsfuga contra el partido liberal. También con puestos y contratos. Y sobre todo con el control de planeación, por aquello de las construcciones…

Como el alcalde ganador no se tenía equipo para gobernar, inventaron la meritocracia. Con esa mampara nombraron por politiquería. Hoy en los despachos se encuentra gente inexperta y arrogante amparados en el autoritarismo y ejemplos del jefe, hablando mal de todo lo anterior y sin aterrizar propuestas. Muchos piensan que al hablar mal de los demás eso los eleva y ensalza. La verdad, es que con el tiempo bajan todos. Es tiempo de acciones y de menos retórica. La campaña ya la ganó la politiquería, el nepotismo, la maquinaria electorera y la poca opinión, les toca ahora demostrar lo que van a hacer…

*Médico y magíster en estudios políticos

¿QUÉ HACER POR LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA?

Haciendo referencia a las crisis, se dice que es como cuando uno va corriendo, sin opción de retorno, por un angosto túnel oscuro y después de un trecho se ve al fondo una luz. Lo que no se sabe si es el final del túnel o un tren que viene en contravía. Es la encrucijada de la Universidad del Tolima.

El rector y su grupo directivo, con la connivencia de las directivas universitarias (Consejo Superior, Consejo Académico, algunas organizaciones estudiantiles y algunos directivos sindicales profesorales y administrativos) perdió el rumbo universitario y metió a la institución en un túnel sin aparente salida.

Mientras que las recomendaciones sobre personal necesario para funcionar de manera óptima en una institución de educación superior, hablan de un funcionario por cada dos profesores, en la UT se tienen tres funcionarios por cada profesor. Esto no mejora la academia, pero si encarece costos. Estudios sobre el tema desarrollados en la UT existen, pero no ha habido voluntad política para ponerlos en ejecución. Lo que sí ha funcionado es el aumento desmedido de una nómina paralela para pagar favores politiqueros y de franca corrupción. También otros favores. Acabar con esta nómina y esta práctica es mandatorio.

Se necesita mayor financiación estatal, es verdad. Se debe exigir el pago de deudas atrasadas y de los aportes convenidos. Pero también absoluta claridad de cómo se invierten estos recursos dentro de la institución. La UT es de todos los tolimenses, no de pequeños grupos.

Pese a las exigencias de la norma existen profesores de planta que no tienen carga académica y no dictan clases. Esto obliga a gastar casi dos mil millones de pesos mensuales en catedráticos. Si se hiciera cumplir la norma, sin atropellar a nadie, la universidad obtendría casi un 40% de ahorro en sus recursos.

Hay facultades donde se duplican esfuerzos, se traslapan funciones y se dilapidan recursos. La reestructuración de las facultades y programas académicos, donde estos sean dirigidos por profesores y no por contratistas externos, debe permitir una modernización seria que redunde en calidad, eficiencia y eficacia. ¿Se deben mantener todos los programas o se deberían cerrar algunos por onerosos, ineficientes y de baja calidad?

Una cosa es defender la universidad pública y otra defender a ultranza la ineficiencia de lo público. La finalidad de la UT no es mantenerse abierta a cualquier costo. Para fomentar el desarrollo de capacidades humanas para su formación integral permanente, buscar el saber, producir y divulgar el conocimiento para el bienestar humano y ambiental de nuestra sociedad; la UT no puede seguir siendo la “olla más grande de Ibagué”, donde el microtráfico hace grandes negocios y nuestra juventud se corrompe, en aras del libre desarrollo de la personalidad.

Hay procesos administrativos ineficientes, ya conocidos y estudiados, que se deben tercerizar.  No faltarán los gritos de alerta a la privatización de los que prefieren la UT postrada, pero a la que le succionan algunas prebendas, a un Alma Máter eficiente y cumpliendo a cabalidad su misión.

La reestructuración o es total o la catástrofe continuará su marcha. Los sindicatos y gremios deben revisar si defienden sus garantías, sus pequeños feudos y ventajas o contribuyen a salvar a la UT. Igual ocurre con el movimiento estudiantil. La universidad no puede seguir siendo la puerta giratoria de la politiquería ni de la corrupción local y regional. La solución no es de amiguismos ni favores, sino de compromiso con la institución, con la sociedad, con la región y el país. El ethos universitario debe ser la guía. Las directivas universitarias saben y tienen claro todo esto, pero prefirieron pensar que la luz al final del túnel era la mano de los políticos de siempre.

La solución de choque necesita una medida fuerte y sostenida. Dialogada pero firme. Las directivas universitarias actuales ya no dieron la talla… ¡Deben irse!

MERITOCRACIA Y EXCLUSIÓN

Por estos días se ha puesto de moda el concepto de meritocracia. Algo así como el gobierno de acuerdo a los méritos. Tiene su origen en el excluyente concepto de la aristocracia que defendieron en la antigüedad Cicerón y Platón, entre otros. La aristocracia consistía en que el poder estuviera en cabeza de la élite intelectual, basada en sus conocimientos y estudios. Una manera de separar el poder de la masa inculta y no preparada.

En las democracias modernas, se habla de la movilidad social, con la idea que la educación sea la escalera que permita a los sectores populares moverse y acercarse a las altas capas sociales. Para hacer realidad la movilidad social, se busca que la meritocracia califique imparcialmente hojas de vida, para facilitar que algunos excluidos, pero bien preparados puedan acceder a espacios de poder. Con esto se pretende evitar que el clientelismo y la politiquería lleven gente inexperta a los cargos de gobierno. Y se establece la carrera administrativa para que personal que se ha capacitado y que tiene experiencia sea mantenida en el gobierno; porque lo usual es que cada nuevo gobernante llegue con su séquito y quiera pagar favores políticos con burocracia, más allá de que estén capacitados o no.

La meritocracia tiene sus problemas, y no de poca monta. La meritocracia aumenta la exclusión. A la hora de competir, los hijos de hogares adinerados y de clase social alta, tienen mayores posibilidades de estudiar en las mejores y más caras universidades, hacer postgrados fuera del país y aprender varios idiomas. De esa manera a los cargos públicos llegarán los hijos de las familias que siempre han detentado el poder. ¿O hay alguien que crea que, a la hora de comparar la hoja de vida académica de un hijo de los dueños del país, con la de un hijo estudioso de una madre soltera de un barrio pobre, este último tendrá iguales posibilidades?

Existen personas que creen que sus apellidos elitistas valen más que la preparación intelectual de cualquier joven habitante en barrio marginal. Esos, que se sienten aristócratas, huérfanos de poder, que quieren una ciudad a la medida de ellos, que creen que la cultura y el arte son para privilegiados y que a los pobres sólo les alcanza para folclor, guacherna y artesanía, es a los que se les encarga la labor de hacer la selección para la meritocracia. Ese sesgo ideológico y social, convierte en espuria la escogencia y en falsa la meritocracia.

Por otro lado, una hoja de vida no refleja la ética ni el compromiso con una ciudad y sus gentes. Y una experiencia en lo privado o en lo académico dista mucho de lo que se necesita para ser eficiente en lo público. La meritocracia puede tener su lado bueno, pero por si sola no combate el clientelismo, la corrupción ni la politiquería. No da eficiencia ni garantiza eficacia. Tampoco reduce la discriminación, la exclusión ni la invisibilización.

Este comentario no quiere ser un palo en la rueda para el gobierno municipal que arranca, solo una claridad social. ¡Ojalá que acierte y le vaya bien, porque con eso ganamos todos!

*Magíster en Ciencia Política

CRISIS DE LA UT.

Los que llevamos mucho tiempo vinculados a la UT no tenemos memoria de una crisis tan grave, profunda y compleja como la que atravesamos. Es una crisis administrativa, económica, política, académica, cultural, social y ética. Tan grave es que se podría avizorar un cierre de la UT o una intervención por parte del gobierno nacional. Si bien la crisis es una sola, tiene matices, que intentaré mostrar:

Crisis Administrativa: diferentes estamentos universitarios han denunciado a la rectoría por el incremento de burocracia con la creación de nuevas oficinas y dependencias con onerosos presupuestos que lo único que realmente aportan es al crecimiento de la nómina y de los costos muy por encima de los ingresos. Esto lo ratificó la Contraloría General de la Nación.

No se han manejado de la mejor forma los conflictos laborales. Lo que trasluce son persecuciones a profesores y trabajadore, que le representarán nuevas erogaciones por demandas de los vituperados. 14 procesos contra docentes fueron perdidos por la UT pese a una abultada nómina de asesores jurídicos. Cuando el clima laboral es hostil el desgobierno crece.

No existe una clara gobernabilidad. Las facultades funcionan casi como islas autónomas sobre las que el rector tiene poco gobierno y manejo. Los decanos pueden argumentar proceder de procesos de elección popular, igual al rector, lo que les daría legitimidad y autonomía. Algunos subalternos obedecen más al jefe político que los ayudó a nombrar que al rector. Todo esto no permite trazar un rumbo conjunto y claro para la UT.

Crisis económica. El ABC de la economía enseña que no se debe gastar más de lo que ingresa. En la UT, esto se olvidó y el déficit viene creciendo y ahora se calcula en 30 mil millones de pesos. Se solicitó autorización para un crédito de tesorería por 10 mil millones, lo que posibilitaría pagar nómina. Pero es abrir un hueco para tapar otro. Al parecer se hicieron inversiones sin una planeación adecuada.

El rector negó permanentemente la crisis. Durante largo tiempo trató de ocultar el problema hasta que se hizo insostenible. Y luego se les echó la culpa a otros. El ABC de la lógica crítica enseña que lo que caracteriza la naturaleza de los procesos son las contradicciones internas. Las externas inciden, es verdad, pero no definen.

Crisis académica. El cierre reciente de programas por el no otorgamiento de registros calificados y la baja calificación de la UT en las evaluaciones nacionales del MEN ponen en entredicho la responsabilidad académica de las directivas universitarias. La producción intelectual de los docentes expresada en publicaciones académicas apenas llega al 10%.

Al lado de este problema hay que mirar el aumento del consumo y microtráfico de sustancias sicoactivas en el campus. Esto se está saliendo de control y se prefiere mirar para otro lado, o hacer discursos filosóficos frente a un cáncer que no para de crecer…

Crisis política. Para nadie es un secreto que el presupuesto y la burocracia de la UT son vistos por la clase política como un botín y un fortín. En la reciente campaña, decían los líderes del partido liberal, que aspiraban a ganarse 4 de las 5 grandes presupuestos oficiales de la región. Dejaban por fuera el Hospital Federico Lleras por estar intervenido, pero buscaban la alcaldía de Ibagué, la Gobernación del Tolima, Cortolima y la UT. Al final se dolían por perder la gobernación, que es la directamente implicada en los problemas de la UT. Esto deja ver a las claras el compromiso con la clase política de las directivas universitarias. Revise cada nuevo cargo y encontrará que es una cuota política.

Crisis de liderazgo. Son innegables las calidades académicas del rector. Pero también su poco liderazgo. Con los estudiantes se dedicó a la cooptación y a la desmovilización. Existe un corto circuito con las organizaciones sindicales, lo que impide buscar salidas concertadas y no autoritarias para la crisis.

A nivel regional la UT no lidera grandes proyectos de desarrollo, ni marca la pauta sobre los grandes temas que afectan o interesan a la región.

Crisis estructural. Desde la promulgación de la ley 30, la financiación estatal de las universidades públicas cojea. Los presupuestos indexados con el incremento del IPC son insuficientes. Pero estas universidades se han visto impelidas a aumentar la cobertura, a crear postgrados a investigar sin poder garantizar la calidad y menos los recursos. Es claro que la calidad educativa cuesta y en la UT no hay con qué financiarla.

Para superar esta crisis se han planteado dos salidas. Una, la renuncia del rector. Con esto se castiga una administración derrochona e ineficiente, pero no se supera el escollo. Un nuevo rector debe ser una persona que sepa de administración pública, que tenga relaciones sociales con el mundo de la política y que esté comprometido con la academia. Un buen académico no garantiza una buena administración y tampoco la UT puede ser autista si quiere incidir en lo regional.

Otra, es la propuesta oficial, de un ajuste fiscal en la que se castiga a los menos responsables y los que sí lo son, pasan de agache.

La solución debe involucrar el liderazgo del rector y la voluntad de todos. No sirven los atrincheramientos sindicales que enarbolan la bandera de no ceder ni una conquista. Ni en encerramiento directivo de mantener su clientela, que solo ha ayudado a empeorar la crisis. Los ánimos encendidos y los grandes discursos inflaman pero no ayudan a la reflexión y esta se necesita y mucho. Lo peor para la vida universitaria sería una intervención del MEN. Ese es el panorama.

*Catedrático Ciencia política y Maestría en educación