Los que llevamos mucho tiempo
vinculados a la UT no tenemos memoria de una crisis tan grave, profunda y
compleja como la que atravesamos. Es una crisis administrativa, económica,
política, académica, cultural, social y ética. Tan grave es que se podría avizorar
un cierre de la UT o una intervención por parte del gobierno nacional. Si bien
la crisis es una sola, tiene matices, que intentaré mostrar:
Crisis Administrativa: diferentes
estamentos universitarios han denunciado a la rectoría por el incremento de burocracia
con la creación de nuevas oficinas y dependencias con onerosos presupuestos que
lo único que realmente aportan es al crecimiento de la nómina y de los costos
muy por encima de los ingresos. Esto lo ratificó la Contraloría General de la
Nación.
No se han manejado de la mejor forma
los conflictos laborales. Lo que trasluce son persecuciones a profesores y
trabajadore, que le representarán nuevas erogaciones por demandas de los
vituperados. 14 procesos contra docentes fueron perdidos por la UT pese a una
abultada nómina de asesores jurídicos. Cuando el clima laboral es hostil el
desgobierno crece.
No existe una clara gobernabilidad.
Las facultades funcionan casi como islas autónomas sobre las que el rector
tiene poco gobierno y manejo. Los decanos pueden argumentar proceder de
procesos de elección popular, igual al rector, lo que les daría legitimidad y
autonomía. Algunos subalternos obedecen más al jefe político que los ayudó a
nombrar que al rector. Todo esto no permite trazar un rumbo conjunto y claro
para la UT.
Crisis económica. El ABC de la
economía enseña que no se debe gastar más de lo que ingresa. En la UT, esto se
olvidó y el déficit viene creciendo y ahora se calcula en 30 mil millones de
pesos. Se solicitó autorización para un crédito de tesorería por 10 mil
millones, lo que posibilitaría pagar nómina. Pero es abrir un hueco para tapar
otro. Al parecer se hicieron inversiones sin una planeación adecuada.
El rector negó permanentemente la crisis.
Durante largo tiempo trató de ocultar el problema hasta que se hizo
insostenible. Y luego se les echó la culpa a otros. El ABC de la lógica crítica
enseña que lo que caracteriza la naturaleza de los procesos son las
contradicciones internas. Las externas inciden, es verdad, pero no definen.
Crisis académica. El cierre reciente
de programas por el no otorgamiento de registros calificados y la baja
calificación de la UT en las evaluaciones nacionales del MEN ponen en
entredicho la responsabilidad académica de las directivas universitarias. La
producción intelectual de los docentes expresada en publicaciones académicas
apenas llega al 10%.
Al lado de este problema hay que
mirar el aumento del consumo y microtráfico de sustancias sicoactivas en el
campus. Esto se está saliendo de control y se prefiere mirar para otro lado, o
hacer discursos filosóficos frente a un cáncer que no para de crecer…
Crisis política. Para nadie es un
secreto que el presupuesto y la burocracia de la UT son vistos por la clase
política como un botín y un fortín. En la reciente campaña, decían los líderes del
partido liberal, que aspiraban a ganarse 4 de las 5 grandes presupuestos
oficiales de la región. Dejaban por fuera el Hospital Federico Lleras por estar
intervenido, pero buscaban la alcaldía de Ibagué, la Gobernación del Tolima,
Cortolima y la UT. Al final se dolían por perder la gobernación, que es la
directamente implicada en los problemas de la UT. Esto deja ver a las claras el
compromiso con la clase política de las directivas universitarias. Revise cada
nuevo cargo y encontrará que es una cuota política.
Crisis de liderazgo. Son innegables
las calidades académicas del rector. Pero también su poco liderazgo. Con los
estudiantes se dedicó a la cooptación y a la desmovilización. Existe un corto
circuito con las organizaciones sindicales, lo que impide buscar salidas
concertadas y no autoritarias para la crisis.
A nivel regional la UT no lidera
grandes proyectos de desarrollo, ni marca la pauta sobre los grandes temas que
afectan o interesan a la región.
Crisis estructural. Desde la
promulgación de la ley 30, la financiación estatal de las universidades
públicas cojea. Los presupuestos indexados con el incremento del IPC son
insuficientes. Pero estas universidades se han visto impelidas a aumentar la
cobertura, a crear postgrados a investigar sin poder garantizar la calidad y
menos los recursos. Es claro que la calidad educativa cuesta y en la UT no hay
con qué financiarla.
Para superar esta crisis se han
planteado dos salidas. Una, la renuncia del rector. Con esto se castiga una
administración derrochona e ineficiente, pero no se supera el escollo. Un nuevo
rector debe ser una persona que sepa de administración pública, que tenga
relaciones sociales con el mundo de la política y que esté comprometido con la
academia. Un buen académico no garantiza una buena administración y tampoco la
UT puede ser autista si quiere incidir en lo regional.
Otra, es la propuesta oficial, de un
ajuste fiscal en la que se castiga a los menos responsables y los que sí lo
son, pasan de agache.
La solución debe involucrar el
liderazgo del rector y la voluntad de todos. No sirven los atrincheramientos
sindicales que enarbolan la bandera de no ceder ni una conquista. Ni en
encerramiento directivo de mantener su clientela, que solo ha ayudado a
empeorar la crisis. Los ánimos encendidos y los grandes discursos inflaman pero
no ayudan a la reflexión y esta se necesita y mucho. Lo peor para la vida
universitaria sería una intervención del MEN. Ese es el panorama.
*Catedrático Ciencia política y Maestría
en educación
